Según el abogado Jorge Bernad (1), en 2007 (tomando como base de referencia el informe elaborado por la Fundación FAES titulado “La Caza: sector económico”), la caza genera en España unos beneficios de 2.752.167.702 euros.
Según esta misma fuente, la potente industria que se encuentra detrás de estos resultados monetarios generó en el año 2007 en torno a 36.258 empleos directos.
Y a renglón seguido, añade Bernad (1), “A estos datos de empleo hay que añadir los empleos eventuales (secretarios, ojeadores, cargadores, etc.), producidos casi siempre en el medio rural y que constituyen una fuente de ingresos fundamental para ellos. Su número es muy difícil de calcular, pero me atrevería a afirmar que en temporada de caza duplican en número a los empleos directos”. Es decir, superarían los 70.000.
Estos números vienen siendo utilizados por el sector cinegético como justificación para el mantenimiento de su actividad, y en base a ellos presionan a las Administraciones y a la opinión pública en general, en el sentido de limitar las restricciones al ejercicio de la caza impuestas por la legislación vigente en la materia. Defienden, en definitiva, una liberalización del sector en todos los sentidos (simplificación burocrática, incremento del número de especies cazables, ampliación de los periodos hábiles de caza, exenciones fiscales, etc.), argumentando que la caza y todo lo relacionado con ella es en la actualidad un elemento esencial para la dinamización del desarrollo socioeconómico de las áreas rurales ante la crisis actual del sector agropecuario.
Según reconoce Andrés Gutiérrez de Lara, expresidente de la Real Federación Española de Caza, en declaraciones al diario El Correo Gallego (2), la caza, refiriéndose a datos del bienio 2003-2004, “mueve en dinero blanco, controlado por Hacienda, unos tres mil millones de euros”. Sin embargo, también señala que los datos apuntan a que el sector “genera un negocio del orden de seis mil millones en dinero negro, sin facturas”. Un dato sin duda relevante e injustificable desde la perspectiva de la justicia social y el derecho financiero que, cuando menos, cuestiona el pretendido desarrollo económico proporcionado por la caza a zonas deprimidas, situando esta actividad como una pieza importante de la economía sumergida en áreas rurales mediante la generación de subempleo, cuyos réditos económicos quedan exentos de la preceptiva fiscalización.
En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe comentar el hecho de que el sector cinegético se haya manifestado con vehemencia y de forma beligerante “contra la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de que los rehaleros se den de alta como autónomos y coticen en la Seguridad Social al considerar que desarrollan una actividad de forma habitual y con retribución económica (3)”. Unas obligaciones que - considerando el montante de los beneficios debidos a las rehalas (cercano a los 3,1 millones de euros según el anteriormente aludido informe de FAES) – de no quedar debidamente satisfechas, constituirían un intolerable agravio comparativo con respecto a cualquier otro colectivo.
Más complicado resulta saber —al margen del dinero “en B” reconocido por el propio lobby cinegético— cuánto dinero público recibe la caza, es decir, cuánto nos cuesta esta actividad a la ciudadanía española. Administraciones regionales como las de Castilla – La Mancha y Extremadura subvencionaron hasta hace poco la actividad con parte de los fondos públicos (759.681 y 841.000 euros respectivamente) al considerar la caza como una actividad beneficiosa para el desarrollo económico.
Desde Ecologistas en Acción siempre hemos negado la mayor; en nuestra opinión, la ratio de empleo es bajísima, con poco más de un empleo por coto y menos de un empleo para cada 1.000 hectáreas de terreno acotado a la caza. La media de facturación de 100.000 euros por coto resulta llamativa ya que refleja una cifra que no se corresponde con los gastos que se hace en personal. Esos datos invitan a pensar que muchas de las personas que trabajan en monterías u ojeos no están registradas oficialmente. Resulta por tanto cuestionable el apoyo de las Administraciones públicas, en forma de subvenciones, a un negocio poco transparente y que beneficia a pocas personas mientras que otras actividades económicas y el medio ambiente se ven perjudicados.
(Notas):
(1) Bernad, J., 2009. La caza: un elemento esencial en el desarrollo rural. Artículo. pp. 183 – 203. Colección Mediterráneo Económico. Vol. nº 15: “El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global”. Ed. CAJAMAR Caja Rural. Sociedad Cooperativa de Crédito.
(2) El Correo Gallego. 2004. Declaraciones. Página web: http://www.decaza.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18.
(3) Expósito, F., 2014. “Las exigencias del Gobierno amenazan la caza mayor”. Artículo. El Diario de Córdoba. (web: http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/exigencias-gobierno-amenazan-caza-mayor_909483.html ).
(Ecologistas en acción)
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