La conquista de Granada y los conflictos militares posteriores supusieron el empobrecimiento inmediato de las comarcas granadinas. El cultivo de la seda desapareció, sometido a un impuesto específico para la seda granadina. La confiscación de tierras y propiedades de los andalusíes para entregárselas a la corona, a la nobleza o a la Iglesia supuso la subexplotación de estas. A todo ello hubo que sumar el saqueo impositivo al que sometió Andalucía la corona castellana a partir de la culminación de la conquista de Al Ándalus y la violación de las Capitulaciones: siendo la población andaluza un 21% de la total de Castilla en el siglo XVI, en 1577 pagó el 24% de las alcábalas, el 23,6% del impuesto de millones en 1580, el 29% del mismo impuesto en 1609 y el 34,8% de las rentas de Castilla en 1651.
Celebrar la “Toma” de Granada significa celebrar la gran propiedad y la existencia de los terratenientes en Andalucía. La conquista de Al Ándalus, culminada con la entrega de Granada por parte de los reinos del norte peninsular, favoreció la conformación de grandes superficies agrarias entregadas a la nobleza en el sur de Sierra Morena. Esas grandes propiedades han sido uno de los elementos que, secularmente, han determinado la formación de una burguesía terrateniente en Andalucía, heredera sanguínea y sentimental de la nobleza conquistadora castellana. Y, a su vez, contribuyeron a la formación de una amplia capa social desposeída de la propiedad de la tierra a fuerza de impuestos y de la directa usurpación de tierras a las clases populares andaluzas.
Ausente la posibilidad de generarse una abundante capa social intermedia, serán desde entonces el binomio riqueza y pobreza, burguesía colonialista y jornaleros, las dos caras de la economía andaluza hasta nuestros días. El problema del latifundio andaluz, aunque se agravará con el paso del tiempo, ya existía en el siglo XVI e incluso antes y siempre se dio bajo formas capitalistas.
El resultado de todo este proceso es que, según el censo de 1797, mientras que en Asturias o Vascongadas la figura del jornalero era prácticamente inexistente, en los reinos de Córdoba y Jaén el 80% de los trabajadores agrarios lo eran y, en el reino de Sevilla, 5 de cada 6 habitantes eran jornaleros, cifras que señalaban ya a Andalucía como marco autónomo de la lucha de clases.
La distribución de la propiedad quedó gravemente alterada y, a mediados de siglo XVIII, la Iglesia poseía el 17,6% de las tierras (que eran de las más productivas, ya que obtenían el 27,9% del producto agrícola andaluz), mientras que la nobleza detentaba alrededor del 60%. El resto (un 22%) se repartía entre la Corona, los ayuntamientos y algunos propietarios. Baste con referirse a los datos del censo de 1787 sobre Granada: el 1,6% de la población eran hidalgos, el 27,5% labradores y el 70,9% jornaleros. En León, el número de jornaleros en esa misma época no superaba el 23% de la población.
(Nación Andaluza)
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